Derecho a LEER
Somos un grupo de estudiantes universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que asisten a la universidad pública y gratuita. Si bien no debemos abonar ningún arancel por asistir a la misma, mientras cursamos nuestras carreras nos encontramos con obstáculos económicos relacionados a la gratuidad de la universidad; en este caso, las dificultades para conseguir los materiales de estudio, ya sea por costos inaccesibles, por haber quedado fuera de circulación de mercado o por ser editados en el extranjero y no ser importados a la Argentina.
El acceso a los materiales de estudio es, para nosotros, una necesidad. Una necesidad que nace a partir del ejercicio de un derecho básico: el derecho a la educación. En vistas de que esta necesidad no es satisfecha ni por el Estado ni por la facultad, a principios del año 2007 comenzamos a organizarnos alrededor de un objetivo muy sencillo: conseguir los materiales de estudio. Inicialmente lo hicimos en la subsección “Archivos” de un foro en Internet, pero a medida que fuimos compartiendo y aumentando la cantidad de material, se hizo necesario centralizar el modo de organización de acceso y distribución de la información. Así armamos la biblioteca virtual “BiblioFyL”, que reunía 7.800 textos obligatorios de las 9 carreras que se estudian en nuestra facultad, y proyectaba para el año 2009 superar los 10.000 textos. La BiblioFyL recibía 6.000 visitas diarias como mínimo, y los textos tenían un promedio de 100 descargas cada uno.
Si bien existen muchas bibliotecas virtuales, la nuestra se caracterizaba por:
a) organización colaborativa: los mismos estudiantes se organizaban para escanear los textos, subirlos y categorizarlos;
b) autonomía: no dependíamos de ninguna organización institucional y/o gubernamental;
c) libre acceso a la información: no se utilizaban contraseñas y tanto la interfaz como el modo de participación para subir material estaban diseñados sin grandes complejidades técnicas, en función de facilitar el acceso.
La biblioteca, una simple colección de links, debió ser dada de baja el 25 de septiembre de 2009, a raíz de una intimación legal que llegó al host donde estaba alojada, por violar las leyes 11.723 de Propiedad Intelectual y 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura.
A partir de que nos obligaron a dar de baja el sitio, comenzamos a reunirnos y comprender que, si bien habíamos logrado dar una respuesta a nuestra necesidad, ésta chocaba con otros derechos. Luego de diversas reelaboraciones, llegamos a la conclusión de que hay primacía de unos derechos por sobre otros. Consideramos que acceder a la educación, a la información, el conocimiento y la cultura, son derechos que están por encima del derecho de autor que establece la 11.723. Defendemos un derecho antes que violar una ley.
En Argentina, la ley 11.723 y la 25.446 criminalizan, entre otros, a estudiantes, docentes e investigadores, dado que restringe su acceso a los materiales necesarios para desarrollar sus actividades. La posibilidad de los autores de explotar comercialmente sus obras y ser reconocidos por ellas, no debería impedir el libre acceso a la información y al conocimiento.
Los autores cobran sólo un 12% del precio de tapa del libro, mientras que el porcentaje restante se reparte entre editores y distribuidores. En los modelos actuales de reproducción, distribución y comercialización, el derecho de autor y la propiedad intelectual benefician a grupos económicos muy específicos; en primer lugar, las grandes editoriales, y en segundo lugar, a las sociedades de gestión colectiva de derechos como el CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) y la CAL (Cámara Argentina del Libro).
El carácter prohibitivo y restrictivo del modelo actual afecta a dos partes: a los autores que desean ser publicados pero que no cumplen con las “necesidades de mercado” y a los lectores que se ven imposibilitados a encontrarse con sus autores. Las nuevas tecnologías de la información, de las que nosotros hacemos uso porque entendemos que nos devuelven la libertad respecto de la decisión de los modos y opciones de lectura, apuntan a cuestionar el monopolio sobre qué y cómo se lee actualmente. En este marco es necesario comprender que si una biblioteca digital brinda la posibilidad de expansión infinita (repetimos, 6.000 visitas diarias, 7.800 textos multiplicados por 100 descargas cada uno), a lo que deberíamos orientarnos es a favorecer el encuentro entre autor y lector.
La explotación privada de las ideas por parte de editores usureros y gestoras colectivas de derecho destruyen a los autores, a los lectores y a los libros, no los defienden. ¿De qué “fomento del libro y la lectura” se habla, cuando en supuesta defensa de una ley se produce un acto de bibliocastia? Forzar la baja de bibliotecas digitales no se diferencia en lo absoluto de incendiar bibliotecas físicas. El soporte material de los textos no cambia las operaciones que se realizan sobre ellos: lo que sucedió con BiblioFyL es un acto de coerción y censura sobre la información y quienes la distribuyen. Ciertos editores y gestoras colectivas de derechos no son otra cosa más que inquisidores disfrazados de fomentadores de la cultura y la educación. Su interés lucrativo nada tiene que ver con el conocimiento.
BiblioFyL tiene dos caras que nos parece importante reconocer. Por un lado, las características que ya mencionábamos que la diferenciaban entre el resto de las bibliotecas digitales; por el otro, el fenómeno cultural, educativo y político que constituía desde su misma existencia. La BiblioFyL es un hito en la medida en que interpela a una necesidad no satisfecha y la resuelve desde la colaboración entre pares; pero, al mismo tiempo, cuestiona la propiedad sobre los canales de distribución de las ideas y los modos de acceso y circulación del conocimiento en la universidad pública y gratuita.
En el contexto de un mundo hipertecnologizado sólo para las capas medias y superiores, hablar del acceso al conocimiento supone tratar también con las diferencias tanto cuantitativas como cualitativas a ese acceso. No se nos escapa que la universidad pública es un lugar al que sólo acceden quienes pueden hacerlo de acuerdo con sus niveles educativos y económicos; simplemente estábamos poniendo en cuestión que este acceso se limite todavía más. BiblioFyL apuntaba a la politización de la técnica y al uso de heramientas técnicas como instrumentos de una política de lucha en defensa de la educación y el acceso.
No queremos licencias para leer ni tenemos que pedir permiso para hacerlo: es nuestro derecho más básico e inalienable. La confusión, nada inocente, de que se destruyen libros y autores con la distribución gratuita de los mismos, forma parte de la estrategia comunicativa de grupos económicos que no han sabido prever ni adaptarse a las nuevas tecnologías de la información. Mediante un refuerzo en las leyes, estos grupos buscan reprivatizar el espacio de lo público y los procesos de construcción de sentido que, cada vez más, tienden a ser liberados por diversos actores que se posicionan a favor de un modo diferente de construir cultura y conocimiento.
En este marco, la ley que cae sobre nosotros, nos afecta a todos. Organismos usureros y parasitarios, mediante leyes de patentes, propiedad intelectual y derechos de autor, controlan hoy por hoy lo que hace o deja de hacerse con libros, semillas, material fitogenético, medicamentos y cualquier otro bien común intangible que sea potencialmente privatizable. Es así como los campesinos se ven privados de sembrar sus propias semillas en economías de subsistencia; es así como los estudiantes no pueden acceder a sus materiales de estudio; es así como las personas que están enfermas deben pagar altos costes por sus medicamentos; es así como los investigadores no pueden realizar sus tareas por las restricciones al acceso de material. Todos nosotros estamos unidos en una misma lucha a favor de la libertad del conocimiento, de su libre distribución y del acceso irrestricto al acervo cultural compartido.
Somos un grupo de estudiantes universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que asisten a la universidad pública y gratuita. Si bien no debemos abonar ningún arancel por asistir a la misma, mientras cursamos nuestras carreras nos encontramos con obstáculos económicos relacionados a la gratuidad de la universidad; en este caso, las dificultades para conseguir los materiales de estudio, ya sea por costos inaccesibles, por haber quedado fuera de circulación de mercado o por ser editados en el extranjero y no ser importados a la Argentina.
El acceso a los materiales de estudio es, para nosotros, una necesidad. Una necesidad que nace a partir del ejercicio de un derecho básico: el derecho a la educación. En vistas de que esta necesidad no es satisfecha ni por el Estado ni por la facultad, a principios del año 2007 comenzamos a organizarnos alrededor de un objetivo muy sencillo: conseguir los materiales de estudio. Inicialmente lo hicimos en la subsección “Archivos” de un foro en Internet, pero a medida que fuimos compartiendo y aumentando la cantidad de material, se hizo necesario centralizar el modo de organización de acceso y distribución de la información. Así armamos la biblioteca virtual “BiblioFyL”, que reunía 7.800 textos obligatorios de las 9 carreras que se estudian en nuestra facultad, y proyectaba para el año 2009 superar los 10.000 textos. La BiblioFyL recibía 6.000 visitas diarias como mínimo, y los textos tenían un promedio de 100 descargas cada uno.
Si bien existen muchas bibliotecas virtuales, la nuestra se caracterizaba por:
a) organización colaborativa: los mismos estudiantes se organizaban para escanear los textos, subirlos y categorizarlos;
b) autonomía: no dependíamos de ninguna organización institucional y/o gubernamental;
c) libre acceso a la información: no se utilizaban contraseñas y tanto la interfaz como el modo de participación para subir material estaban diseñados sin grandes complejidades técnicas, en función de facilitar el acceso.
La biblioteca, una simple colección de links, debió ser dada de baja el 25 de septiembre de 2009, a raíz de una intimación legal que llegó al host donde estaba alojada, por violar las leyes 11.723 de Propiedad Intelectual y 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura.
A partir de que nos obligaron a dar de baja el sitio, comenzamos a reunirnos y comprender que, si bien habíamos logrado dar una respuesta a nuestra necesidad, ésta chocaba con otros derechos. Luego de diversas reelaboraciones, llegamos a la conclusión de que hay primacía de unos derechos por sobre otros. Consideramos que acceder a la educación, a la información, el conocimiento y la cultura, son derechos que están por encima del derecho de autor que establece la 11.723. Defendemos un derecho antes que violar una ley.
En Argentina, la ley 11.723 y la 25.446 criminalizan, entre otros, a estudiantes, docentes e investigadores, dado que restringe su acceso a los materiales necesarios para desarrollar sus actividades. La posibilidad de los autores de explotar comercialmente sus obras y ser reconocidos por ellas, no debería impedir el libre acceso a la información y al conocimiento.
Los autores cobran sólo un 12% del precio de tapa del libro, mientras que el porcentaje restante se reparte entre editores y distribuidores. En los modelos actuales de reproducción, distribución y comercialización, el derecho de autor y la propiedad intelectual benefician a grupos económicos muy específicos; en primer lugar, las grandes editoriales, y en segundo lugar, a las sociedades de gestión colectiva de derechos como el CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) y la CAL (Cámara Argentina del Libro).
El carácter prohibitivo y restrictivo del modelo actual afecta a dos partes: a los autores que desean ser publicados pero que no cumplen con las “necesidades de mercado” y a los lectores que se ven imposibilitados a encontrarse con sus autores. Las nuevas tecnologías de la información, de las que nosotros hacemos uso porque entendemos que nos devuelven la libertad respecto de la decisión de los modos y opciones de lectura, apuntan a cuestionar el monopolio sobre qué y cómo se lee actualmente. En este marco es necesario comprender que si una biblioteca digital brinda la posibilidad de expansión infinita (repetimos, 6.000 visitas diarias, 7.800 textos multiplicados por 100 descargas cada uno), a lo que deberíamos orientarnos es a favorecer el encuentro entre autor y lector.
La explotación privada de las ideas por parte de editores usureros y gestoras colectivas de derecho destruyen a los autores, a los lectores y a los libros, no los defienden. ¿De qué “fomento del libro y la lectura” se habla, cuando en supuesta defensa de una ley se produce un acto de bibliocastia? Forzar la baja de bibliotecas digitales no se diferencia en lo absoluto de incendiar bibliotecas físicas. El soporte material de los textos no cambia las operaciones que se realizan sobre ellos: lo que sucedió con BiblioFyL es un acto de coerción y censura sobre la información y quienes la distribuyen. Ciertos editores y gestoras colectivas de derechos no son otra cosa más que inquisidores disfrazados de fomentadores de la cultura y la educación. Su interés lucrativo nada tiene que ver con el conocimiento.
BiblioFyL tiene dos caras que nos parece importante reconocer. Por un lado, las características que ya mencionábamos que la diferenciaban entre el resto de las bibliotecas digitales; por el otro, el fenómeno cultural, educativo y político que constituía desde su misma existencia. La BiblioFyL es un hito en la medida en que interpela a una necesidad no satisfecha y la resuelve desde la colaboración entre pares; pero, al mismo tiempo, cuestiona la propiedad sobre los canales de distribución de las ideas y los modos de acceso y circulación del conocimiento en la universidad pública y gratuita.
En el contexto de un mundo hipertecnologizado sólo para las capas medias y superiores, hablar del acceso al conocimiento supone tratar también con las diferencias tanto cuantitativas como cualitativas a ese acceso. No se nos escapa que la universidad pública es un lugar al que sólo acceden quienes pueden hacerlo de acuerdo con sus niveles educativos y económicos; simplemente estábamos poniendo en cuestión que este acceso se limite todavía más. BiblioFyL apuntaba a la politización de la técnica y al uso de heramientas técnicas como instrumentos de una política de lucha en defensa de la educación y el acceso.
No queremos licencias para leer ni tenemos que pedir permiso para hacerlo: es nuestro derecho más básico e inalienable. La confusión, nada inocente, de que se destruyen libros y autores con la distribución gratuita de los mismos, forma parte de la estrategia comunicativa de grupos económicos que no han sabido prever ni adaptarse a las nuevas tecnologías de la información. Mediante un refuerzo en las leyes, estos grupos buscan reprivatizar el espacio de lo público y los procesos de construcción de sentido que, cada vez más, tienden a ser liberados por diversos actores que se posicionan a favor de un modo diferente de construir cultura y conocimiento.
En este marco, la ley que cae sobre nosotros, nos afecta a todos. Organismos usureros y parasitarios, mediante leyes de patentes, propiedad intelectual y derechos de autor, controlan hoy por hoy lo que hace o deja de hacerse con libros, semillas, material fitogenético, medicamentos y cualquier otro bien común intangible que sea potencialmente privatizable. Es así como los campesinos se ven privados de sembrar sus propias semillas en economías de subsistencia; es así como los estudiantes no pueden acceder a sus materiales de estudio; es así como las personas que están enfermas deben pagar altos costes por sus medicamentos; es así como los investigadores no pueden realizar sus tareas por las restricciones al acceso de material. Todos nosotros estamos unidos en una misma lucha a favor de la libertad del conocimiento, de su libre distribución y del acceso irrestricto al acervo cultural compartido.
